Urge reorientar la Política económica y
la inversión al desarrollo rural

La Comisión Pastoral de la Tierra de la Conferencia Episcopal de Guatemala, como expresión de las diversas Pastorales de Tierra de las Diócesis, Vicariatos y Parroquias de la Iglesia Católica; después de varios años de trabajo de acompañamiento a las comunidades para la certeza jurídica de sus tierras; así como de asesoría y asistencia técnica para el mejoramiento de la economía campesina e indígena del país, con miras a garantizar la seguridad alimentaria, la diversificación agrícola y procesos de comercialización; ante la coyuntura electoral y los efectos de la globalización, manifiesta sus principales preocupaciones, tanto al pueblo de Guatemala, como la comunidad internacional.

1. En todo el territorio nacional, existen diversos conflictos derivados del colapso de la institucionalidad agraria y el modelo de acceso a tierras vía el mercado; lejos de propiciar una redistribución de las tierras, ha creado un ambiente propicio para un nuevo modelo de latifundio “El neolatifundismo” ligados a los agronegocios (Palma Africana, caña de azúcar, por citar algunos) y el narcotráfico; lo que amenaza con la desaparición de comunidades enteras. Esta situación es más acentuado en los territorios del Norte: Petén, las Verapaces, el área del Polochic e Izabal.

2. La falta de información de parte de las entidades gubernamentales y la falta de planes de contingencia en donde se planean construir megaproyectos de infraestructura como la hidroeléctrica de Xalalá, la super carretera de la Franja Transversal del Norte y la explotación petrolera que pueden generar estallidos sociales, más si dichas obras se ejecuten sin escuchar la opinión de las comunidades. Hay Pues, una necesidad urgente de reorientar la política de inversión que hoy por hoy privilegia el capital y no al ser humano, con los efectos negativos que provoca al destruir el tejido social indígena y la destrucción de territorios campesinos. Si bien apremia al país buscar fuentes alternativas de energía y combustible, ello no deberá ser sacrificando la subsistencia y sobrevivencia de grandes sectores de población desposeídos y empobrecidos del área rural.

3. Para el Altiplano occidental, central y oriental, hay una insistencia de capitales nacionales e internacionales, de querer explotar los recursos minerales del subsuelo, que han inaugurado un nuevo ciclo de despojo de tierras campesinas e indígenas. Lo cuestionable de esta situación que a pesar de las diversas propuestas hechas por la Iglesia Católica, las organizaciones sociales y de varias consultas realizadas de buena fe por comunidades y municipios; la institucionalidad estatal del país lo ignora, irrespetando la legislación y los tratados y convenios internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Varias leyes no han sido aprobadas por el Congreso de La República, a pesar del ofrecimiento de aprobar un compendio de éstos como compensatorios al Tratado de Libre Comercio; lo que evidencia una falta de atención e identificación con las poblaciones más necesitadas.

4. La institucionalidad estatal es cómplice de de los daños que se está haciendo a miles de familias campesinas, que se encuentran indefensos ante el poder del capital. Hay juicios e inconstitucionalidades iniciadas y denunciadas en las verapaces, Izabal, y en San Marcos; pero no prosperan; un ejemplo lo constituye la Aldea la Blanca, en el municipio de Ocos, San Marcos, donde se ha destruido producción agrícola campesina por más de dos millones de quetzales; como efecto de la construcción de una barda sobre el río Pacayà, según denuncias de los pobladores.

La Iglesia Católica y en particular la Comisión Pastoral de la Tierra Nacional, advierte a las futuras autoridades, para que se reoriente la política económica y la inversión al desarrollo en el país, de mantenerse la tendencia actual, lo que se avizora es la profundización de la conflictividad social y política en el campo, que retrasaría los consensos, el diálogo y la esperanza de un país próspero, fecundo y en paz. Así mismo, llama a los actores claves del agro, que incluye campesinos, indígenas, empresarios y sus organizaciones; a madurar y flexibilizar sus posturas respecto de los mecanismos y recursos para la inversión al desarrollo rural, para contar con nuevos y renovados marcos legales que tiendan al cumplimiento de los acuerdos de paz, las metas del milenio y los retos de un país con justicia social.

Lo menos que se puede exigir, es la aprobación de la nueva ley de Minería y la Ley de Desarrollo Rural Integral, antes que cualquiera otra ley que favorezca los agronegocios y la explotación irresponsable de los recursos naturales.

Guatemala de la Asunción, septiembre del 2007